Carta abierta en defensa de las diputaciones provinciales

La fundación ¿Hay Derecho? presentó ayer el estudio '“Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario”', que hace referencia a una presunta falta de eficacia y a los costes de las pretendidas "redes clientelares" de estas instituciones, además de a la creación de entes con personalidad jurídica propia en lo que a juicio del informe supone una huida del Derecho administrativo tanto en materia de contratación pública como de personal.

La falta de rigor y la falsedad de los datos que presenta y el tono absolutamente peyorativo hacia las diputaciones provinciales y los servicios que prestan las mismas en el mundo rural me obliga a realizar una serie de reflexiones sobre las mismas que expongo a continuación.

Las diputaciones provinciales se constituyen como entes locales intermedios con competencias propias en materia de cooperación y asistencia a municipios, especialmente a aquellos de menor tamaño y capacidad.

En este desempeño invierten todos sus recursos  siendo unas de las administraciones menos endeudadas de todas las que coexisten en nuestro país, siendo este un dato más que relevante que es extrapolable a toda la realidad de ámbito local por contraposición a las estructuras autonómicas y del Estado.

El estudio insiste en referir y mezclar el gasto de personal (funcionario o laboral en su práctica totalidad) con la remuneración de los electos, como si unos y otros fueran lo mismo y como si con la supresión de las diputaciones y de sus órganos de gobierno se hicieran desaparecer sus platillas de funcionarios, que por otra parte prestan los servicios necesarios al mundo rural.

El gasto de personal de una administración pública incluye el de los interventores, secretarios, letrados, juristas, arquitectos, ingenieros y una largo etcétera de profesionales que prestan unos servicios que son imprescindibles para el desarrollo del medio rural y que se deberán seguir prestando aunque se decidiera suprimir estas instituciones o sustituirlas por otros modelos de gobiernos locales intermedios.

El gasto en cargos electos es proporcionalmente muy pequeño con relación al gasto total en materia de personal, y mucho más aun, con respecto al presupuesto total de la Institución. En el caso concreto de la Diputación de Zaragoza, este gasto supone algo más del 1% del presupuesto de la institución provincial.

Con respecto a las transferencias, algunas de las mismas no pueden estar más justificadas puesto que en muchas de las diputaciones provinciales  se tramitan a través de dichas transferencias los planes provinciales de cooperación, instrumento fundamental de cooperación con los municipios para la prestación de los servicios básicos obligatorios y la realización de equipamientos e inversiones locales.

Es larga la carta de servicios que las diputaciones provinciales prestan a los ayuntamientos, en especial a los de menor capacidad económica entre otros, como la asistencia y a asesoría a entidades locales, la administración electrónica, el planeamiento, la gestión y recaudación tributaria, la extinción de incendios, la mejora de las infraestructuras urbanas vías y obras, de equipamientos, el arreglo de caminos o la prestación de servicios sociales como la teleasistencia, la teleformación, las escuelas de adultos, los talleres de empleo, además de otros servicios de turismo, cultura y deporte. Todo ello con un nivel de contención presupuestaria evidente, con un nivel de deuda acumulada que mejora el de cualquier otra administración pública del estado, con un nivel de transparencia que se pone a prueba año tras año en los sucesivos informes que se presentan y que se hacen públicos y que no reflejan niveles de corrupción superiores al que se da desgraciadamente en el resto de administraciones sino todo lo contrario.

Las diputaciones provinciales son hoy en día un instrumento eficaz de prestación de servicios en ámbitos donde los gobiernos autonómicos y el Estado llegan con dificultad, suponen un cauce de participación en la vida pública cercano para los ciudadanos a través de los municipios de menor población y ejercen sus competencias con sujeción a la estabilidad presupuestaria, baja deuda pública y transparencia en los servicios. Es evidente que el modelo puede ser mejorado y que se encuentra en permanente evolución, pero confundir las diputaciones provinciales con estructuras fuertemente clientelares, ineficaces y poco transparentes es faltar a la verdad y desconocer la realidad de hoy en día de estos gobiernos locales intermedios.

 Juan Antonio Sánchez Quero

Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza