La Diputación de Zaragoza condena por unanimidad el golpe de Estado de 1936 y la dictadura militar posterior
El pleno de la Diputación de Zaragoza ha condenado por unanimidad el golpe de Estado de 1936 y la dictadura militar que le siguió. La propuesta inicial de Chunta ha sido enmendada por el PP, En Común y Ciudadanos y todos los grupos han votado a favor de un texto que también insta al Gobierno de Aragón “a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho” y a aprobar una ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión posterior.
La moción también insta a la DGA a continuar impulsando iniciativas para dar a conocer el Estatuto de Caspe de 1936 y la labor realizada por el Consejo de Aragón y por su presidente, Joaquín Ascaso Budría, como primer presidente aragonés del siglo XX; e incluye un rechazo “a cualquier tipo de actuación que pretenda ahondar en los enfrentamientos entre aragoneses”. El vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, se ha mostrado “orgulloso” del acuerdo unánime alcanzado y ha agradecido a todos los grupos el esfuerzo realizado para llegar a un consenso a pesar de que no se han aceptado todas las enmiendas.
El pleno extraordinario de hoy, que sustituye al ordinario de julio, ha aprobado además la encomienda de gestión para que la Diputación de Zaragoza construya una sala de usos múltiples en Torrecilla de Valmadrid. Esta actuación tiene un presupuesto de 102.000 euros y es uno de los proyectos incluidos en el convenio de barrios rurales que la institución provincial suscribió con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Otro de los puntos del orden del día ha sido la aprobación inicial, también por unanimidad, del reglamento que regulará la concesión de las medallas de Santa Isabel, la máxima distinción que otorga la Diputación de Zaragoza. Una vez que salga a exposición pública y entre en vigor, la DPZ concederá un máximo de tres medallas cada año tanto a personas físicas como a colectivos o entidades públicas o privadas. La concesión deberá aprobarla el pleno y se hará a propuesta del presidente o de los grupos políticos provinciales. Antes del pleno deberá abordarse en la junta de portavoces, y la concesión requerirá unanimidad en primera votación o mayoría absoluta en segunda.
Por último, el pleno ha aprobado con el voto a favor de todos los grupos una moción del grupo provincial en Común contra la represión marroquí en el Sáhara Occidental. El texto suscribe el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas e insta al Gobierno central a condenar la expulsión de todo el personal civil de la misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) y a exigir a Marruecos la detención de la llegada de colonos y de empresas que violan la legalidad internacional.
