La Diputación de Zaragoza ha ayudado a ordenar y conservar los archivos de más de 200 municipios de la provincia
Desde 1984, la institución colabora con los ayuntamientos en la organización y el mantenimiento de sus fondos documentales. Durante todo ese tiempo, los archiveros de la DPZ ya han inventariado más de 1.100.000 documentos.
Los fondos documentales de un municipio son esenciales para la defensa jurídica de sus intereses y los de sus vecinos, para una gestión administrativa eficaz y transparente y para preservar su historia. Por eso desde hace más de tres décadas la Diputación de Zaragoza colabora con los ayuntamientos en la organización y la conservación de los archivos de la provincia –sobre todo los municipales, pero también de otro tipo–. Durante todo ese tiempo, los archiveros de la DPZ han ordenado los fondos de 214 municipios y han inventariado más de un 1.100.000 documentos.
“Cuando empezamos esta labor en 1983 el panorama de los archivos era desolador. Casi todos estaban totalmente abandonados, hasta el punto de que durante los primeros años nos tuvimos que centrar en hacer actuaciones de urgencia para salvar los documentos que directamente corrían serio peligro de desaparecer físicamente –recuerda la jefa del servicio de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, Blanca Ferrer–. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, la colaboración con los ayuntamientos ha dado sus frutos y la situación ha mejorado mucho en los más de 200 archivos en los que hemos trabajado”.
El problema, una vez más, es que la inmensa mayoría de los municipios de la provincia no disponen de medios humanos y materiales para realizar las tareas que exige la gestión de la documentación. Solo tres grandes ayuntamientos zaragozanos disponen de personal dedicado específicamente a sus archivos, lo que significa que los otros 289 dependen de la ayuda y el asesoramiento que les presta la unidad de archivos municipales de la DPZ.
“Algunos municipios medianos destinan personal propio del ayuntamiento a realizar ciertas labores de archivo, y a veces hacen contratos temporales utilizando subvenciones que se les conceden –explica Ferrer–. En cambio, los pueblos pequeños, que son la gran mayoría, casi nunca pueden permitirse dedicar recursos a la gestión documental”. En el primer caso, los archiveros de la Diputación organizan los fondos del ayuntamiento en cuestión y forman a los trabajadores destinados a ese cometido para que sean capaces de continuar la gestión del archivo siguiendo criterios técnicos, tarea que esos colaboradores realizan bajo la supervisión y el asesoramiento de la institución provincial.
Por su parte, en los pequeños municipios los archiveros de la DPZ intentan atender todas las peticiones de los ayuntamientos trabajando directamente en el inventario y la organización del archivo, haciendo seguimiento de su funcionamiento y respondiendo a las consultas y las dudas que van surgiendo. “En todos los casos, lo que hace la Diputación de Zaragoza es poner en marcha un modelo de gestión compartida de los archivos municipales que es muy flexible y que procura adaptarse a las necesidades de cada ayuntamiento”, subraya el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, Bizén Fuster.
Más de 1,3 millones para acondicionar los archivos y equiparlos
En todo este proceso, otra de las líneas de trabajo fundamentales han sido los planes de ayudas para equipamientos e inversiones en los archivos municipales. Desde el año 1992, la Diputación de Zaragoza ha distribuido subvenciones por valor de más de 1,3 millones de euros destinadas tanto a acondicionar los locales en los que se ubican físicamente los archivos como a equiparlos con el mobiliario adecuado.
“En muchas localidades, los archivos eran los espacios menos ‘habitables’: los sótanos, las buhardillas, locales situados fuera de la casa consistorial… Eso era perjudicial tanto para la conservación de los documentos como para acceder a ellos y devolverlos una vez utilizados –recuerda Ferrer–. A lo largo de los años se han ido haciendo obras de adecuación y también actuaciones de amueblamiento que han supuesto una mejora sustancial”.
De esta forma, y aunque todavía queda mucho por hacer, después de más de 30 años de trabajo se han dado pasos importantes para que los municipios de la provincia dispongan de un servicio de archivo con unas condiciones adecuadas para la correcta conservación de sus fondos. Los documentos son organizados siguiendo la normativa vigente, con criterios de clasificación homogéneos y consensuados a nivel nacional y unas descripciones a diferentes niveles que los hacen accesibles para la Administración y para los ciudadanos interesados. Para facilitar la gestión de los archivos, desde la propia DPZ se han creado e implantado aplicaciones informáticas ad hoc y se ha formado al personal municipal encargado de gestionarlas.
“En la actualidad, uno de los ámbitos de trabajo de la unidad de archivos municipales es seguir colaborando con los ayuntamientos en los nuevos retos que conlleva el cumplimientos de la normativa vigente en todo lo referido a la implantación de la administración electrónica y las soluciones técnico-archivísticas que tendrán que ir adoptando cada municipio”, recalca el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas.