La DPZ adelanta la convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones para empezar a transferir fondos a principios del 2018
El PLUS vuelve a contar con 50 millones de euros, de los que 46,5 se distribuirán como el año pasado –el 40% a través de un fijo igual para todos ayuntamientos y el 60% restante en función de la población– y otros 3,5 millones de concertación lineales y sin finalidad. La tramitación se agiliza aún más, de forma que la Diputación de Zaragoza solventará de oficio cualquier error respecto a la aplicación imputada y se establece una prelación para las actuaciones solicitadas
La Diputación de Zaragoza convoca este viernes, 1 de septiembre, el Plan Unificado de Subvenciones (DPZ PLUS), tres meses antes que el año pasado, con el objetivo de adelantar la tramitación y que pueda aprobarse a continuación del presupuesto del 2018, para empezar a transferir el dinero a los ayuntamientos a principios de año. Esta es una de las novedades que presenta esta nueva edición del PLUS con el objetivo de perfeccionar este novedoso plan, dotado con 50 millones de euros anuales, y que se puso en marcha el año pasado para agrupar la casi treintena de planes con los que contaba anteriormente la institución.
Otras de las novedades es que el PLUS de este año, es que la convocatoria incluye una parte de concertación de 3,5 millones de euros, 12.000 euros fijos por entidad local, que los ayuntamientos recibirán directamente y sin finalidad, para que puedan imputar allí cualquier gasto que no entre en las líneas subvencionales o que todavía no tengan previsto. El resto, los 46,5 millones de euros, se distribuirán como en la edición anterior –el 40% a través de un fijo igual para todos y el 60% restante en función de la población que tiene cada uno– de forma que se establecen unos 63.000 euros fijos por población, y unos 96 euros por habitante. Una distribución matemática con la que se pretende acabar con la discrecionalidad y garantizar unos servicios e infraestructuras mínimas en todo el territorio, tal como ha señalado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero. “Antes el presupuesto de la institución provincial encorsetaba el de los municipios, con el PLUS son los presupuestos de los municipios los que condicionan el de la Diputación”, subraya Sánchez Quero.
Otras de las mejoras es que se abre una nueva línea subvencionable para el gasto corriente de urbanismo (redacción de memorias, informes y proyectos, etc); y que el periodo computable para el Plan de Empleo será desde enero hasta diciembre del 2018. Por otro lado, en lo que respecta a la tramitación, además de adelantarse la convocatoria, se pretende agilizar aún más el procedimiento. Así, se ha simplificado la solicitud, de modo que cualquier error respecto a la aplicación en la que se imputen las actuaciones solicitadas se solucionará de oficio por parte de los servicios de la Diputación de Zaragoza; y se establece una prelación en las solicitudes, para que si algún ayuntamiento solicita más dinero del que le corresponde, pueda solventarse también de oficio siguiendo la prioridad de los ayuntamientos. De esta forma se espera reducir ostensiblemente el número de de requerimientos que tuvieron que cursarse en la primera edición del plan.
Un cambio histórico en la relación entre la DPZ y los ayuntamientos
Por lo demás, la convocatoria del DPZ PLUS, que estará abierta hasta el próximo 2 de octubre, repite la fórmula del año pasado, que recibió una respuesta satisfactoria unánime de los responsables municipales, tal y como se puso de manifiesto en el foro de alcaldes en el que se presentó hace casi un año, y volvió a ratificarse en el foro celebrado a comienzos de este verano. Precisamente, las aportaciones de los responsables municipales han servido para mejorar este plan que, como ya adelantó Sánchez Quero, ha supuesto “un cambio histórico en la relación entre la DPZ y los ayuntamientos”.
Este plan ha permitido dotar a los ayuntamientos de más autonomía local, al ajustarse a las necesidades de cada municipio; más previsión, porque los alcaldes conocen con antelación la financiación que va a recibir cada año y pueden presupuestarla; más objetividad, porque hay una cantidad fija por municipio y otra variable por población para garantizar unos servicios mínimos; y más agilidad, porque los trámites se simplifican mediante una convocatoria única frente a la atomización actual de los planes. De esta forma los ayuntamientos ya no se ven abocados a esperar qué planes salen durante el año y a solicitarlos aunque no respondan a las prioridades de la localidad.
La única condición que se pone a los municipios a la hora de decidir a qué destinan los fondos que les corresponden es que al menos un 40% sea para inversiones. Ese porcentaje fue superado ampliamente en la edición del año pasado, ya que el 75% de los 50 millones de euros que recibieron los ayuntamientos se destinó a inversiones y el 25% restante va a ser para gasto corriente.
La mitad de los fondos se destinaron en la pasada edición del plan a prestar servicios públicos básicos. En cuanto al desglose de las principales partidas, dentro del apartado de servicios públicos básicos destacaron las cantidades solicitadas para pavimentación de calles, abastecimiento de agua y alcantarillado (que supondrán el 27,1% del total de los fondos del PLUS); alumbrado público (6,7%); seguridad y orden público (6,6%); limpieza viaria (4,1%); cementerios y servicios funerarios (2,1%); y parques y jardines (2%).
Un 11,5% se destinó a al deporte, fundamentalmente a construir o mejorar instalaciones deportivas (10,5%) y a organizar actividades deportivas (1%). Por su parte, hubo un 9,3% de peticiones en el apartado de cultura, donde sobresalieron, fundamentalmente, las peticiones para actividades culturales (3%), para construir o mejorar museos y otros equipamientos culturales (2,4%), para construir o mejorar instalaciones de tiempo libre (1,6%) y para fiestas populares y festejos (1,2%). Así mismo, un 7,2% se invirtió en mejorar edificios municipales; un 5,1% en fomentar el empleo; mientras que el 3,7% del dinero fue para amortizar deuda y el 3,4%, para prestar servicios de atención social primaria.